29 de Mayo de 2012 - Buenos Aires

Bs. As.-La reforma discutida

Todavía sobrevolaban en el cielo las cañitas de año nuevo cuando surgió el rumor: los municipios recibirían menos de la coparticipación que anualmente les gira la provincia de Buenos Aires. Que sí, que no. Lo cierto es que hoy, casi seis meses después, parece haber surgido una suerte de panacea: la reforma impositiva.

Como siempre, los grandes cambios son discutidos por todos los sectores afectados, tanto para apoyarlos, como para discutirlos. Pero esto tiene un plus. Para contextualizar, el día en que se trataba la ley que le daría forma a la modificación tributaria, una serie de incidentes entre ruralistas y militantes en la puerta de la Legislatura bonaerense desvirtuaron la cuestión, que quedó reducida a la disputa entre el campo y el gobierno actual. Lo cierto es que la reforma es amplia e influye en varios sectores de la economía local, pero en términos numéricos, no es lo mismo por ejemplo el ruralismo que el cooperativismo.
En limpio, diferentes funcionarios dieron su opinión a REALPOLITIK.

REFORMA, SÍ
Para comenzar, el concejal ensenadense del Frente para la Victoria, Gerardo Preste, aseguró que “la decisión del gobierno provincial tiene que ver con la distribución de la riqueza que siempre planteó la presidente. La modificación no implica que los ruralistas estén al borde de la quiebra si pagan un peso más. La sanción de la ley, a nosotros nos favorece para seguir con obras porque repercute en la coparticipación de cada municipio de la provincia”.
Y continuó: “Si la reforma impositiva no es viable por ley, tiene que salir por decreto del gobierno provincial. Si el arco opositor no quiere dar quórum o no la quieren aprobar, el gobernador Scioli tiene la facultad como para emitir un decreto y esa es la decisión política que esperamos”.
Asimismo, el referente berissense del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, Jorge Drkos, aseguró que desde el partido “estamos totalmente de acuerdo con la decisión del impuesto rural. Hay que analizar lo que significa ésta medida que tiene repercusión en otro tipo de impuesto. En estos últimos años, fruto de las políticas que viene desarrollando el gobierno nacional, los sectores más beneficiados por la misma han sido los sectores rurales. Parafraseando a la presidente, la están levantando en pala”.
“Lo que propone el gobernador Daniel Scioli de adecuar el valor del impuesto rural, realmente es una cifra insignificante comparando las ganancias que tiene el sector rural. De pasar a pagar una hectárea de campo en los sectores más productivos de la provincia, que actualmente están pagando de 25 o 30 pesos, pasarían a pagar 50. Estamos hablando de valores insignificantes”, explicó.
Luego, Drkos añadió: “Ésta adecuación que tiene una carga progresiva, que tiene una contemplación de las distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, es una medida justa y compartimos la decisión del gobernador”.
Por su parte, el senador provincial del Frente para la Victoria, Gustavo Oliva, manifestó que la negativa del campo “es un verdadero disparate. Estos tipos están no entendiendo qué es un colectivo social y pretenden que esa descarga de la pensión contributiva recaiga en la clase media o en la clase baja. Y eso se terminó en esta Argentina de la democracia, de la inclusión y de la igualdad”.
“Es más, al menos en mi caso, hubiera ido por más impuestos porque se bajó la alícuota un 30 o 40 por ciento. Es muy importante para la sociedad y para salir de las internillas secundarias, y no enredarme en los piolines del poder decir esto. Acá hay un sector que no quiere contribuir ni siquiera con sus impuestos, y esto es una carga constitucional en donde muy claramente dice que cada uno debe contribuir de acuerdo a las posibilidades económicas”, afirmó.
Posteriormente, el legislador ultra K indicó: “Ellos tienen unas posibilidades económicas enormes y resulta que cuando hay sequía hay que hacerle quita; cuando hay inundaciones dejan de pagar los impuestos. Ahora, cuando están en un estado normal, los impuestos tampoco los pagan. Es una locura”.
Su par en la Legislatura, Emilio López Muntaner, expresó que “la reforma impositiva es un proyecto necesario, sobre todo por el financiamiento que necesita la provincia y hay tributos que están muy retrasados, sobre todo lo que tiene que ver con el campo y la tierra rural. Es una discusión que se tiene que dar de cara a la sociedad, en esto coincido con lo que dice el vicegobernador Mariotto cuando plantea el esfuerzo que se hizo en Senadores para tratar que lleguemos a un punto de acuerdo para poder sesionarlo. Hubo pedidos de informes pero rápidamente se pudieron sancionar”.
“Espero que haya una recapacitación de algunos sectores de la oposición, que en vez de estar obstaculizando el proyecto de reforma tributaria traten de, con un debate profundo, salga esta ley. Sobre todo porque hay muchos municipios que están esperando ese salvataje económico”, concluyó el senador provincial del Frente para la Victoria,
Por otro lado, el diputado provincial del Pro, Julio Garro, señaló que  “nosotros nos oponemos a este impuestazo, no sólo al aumento del inmobiliario rural sino también a lo que es ingresos brutos e impuestos de sellos”.
“Si bien reconocemos que las valuaciones de los campos han quedado atrasadas, no nos parece coherente este palazo en la cabeza que se le da al campo, de un aumento en sus tierras que en algunos casos llega hasta un 700 por ciento”, aseguró el referente de Mauricio Macri.
Y agregó: “Si esto hubiese sido paulatino, si hubiese sido de alguna manera consensuado, creo que hasta el mismo sector hubiese tenido la voluntad y reconocería una ambigüedad en las tasaciones. Pero si hablamos de un campo que vale 250 mil pesos y que pasa a 3.500.000, ese agropecuario pasa a pagar de 7 mil pesos por año a 75 mil, con lo cual todos los campos no tienen una utilidad del ciento por ciento. No es lo mismo un campo de Punta Indio -que registra una utilidad del 87 por ciento-, que un campo en Pergamino -que utiliza un 37 por ciento-. Con lo cual, es injusto”.

REFORMA, NO
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pedro Apaolaza, explicó que “se ha hecho un proyecto de ley desde un trabajo que hizo Catastro en la provincia de Buenos Aires. Estaba previsto hacerlo en el segundo semestre en conjunto, entre el gobierno y los sectores. Eso no se respetó. Se intentó hacer algo que salió como un injerto. Recién me estaban comentando que en San Vicente aumentan los impuestos un 800 por ciento, lo cual es un absoluto disparate, y los campos -de acuerdo al trabajo de Catastro- están valuados a un valor similar a Balcarce, con más de 50 mil pesos por hectárea. Esto es un disparate. Por eso la protesta del campo y por eso estamos trabajando con la Legislatura”.
“Creemos que por ley no va a salir porque los diputados han entendido que esto no sirve, está mal hecho, hay que rehacerlo. El gobierno es reacio a esto. Estamos en un punto cero pero esta es la realidad, nosotros estamos convencidos de que estamos defendiendo un reclamo justo”, puntualizó.
En tanto, Héctor Jacquet, protesorero de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo -FACC- y subgerente General de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, explicó cómo está ley impositiva afectaría al sector: “En la reforma constitucional del 94, en el artículo 41 se reconoce a las cooperativas y lo que se llama el acto cooperativo entre ellas y los asociados, diferenciándolos del acto del comercio. Desde el 2005, una ley votada por unanimidad le da un tratamiento impositivo acorde a esa naturaleza cooperativa. El proyecto de ley de esta reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, da por tierra con esa ley y lo transforma en una exención. Y el tema acá no es que las cooperativas tienen que estar exentas, sino que ese tipo de impuesto no corresponde cobrarles a la sociedad o a su relación con la cooperativa".
"Y lo agrava más todavía al proyecto porque hace una exención del 30 por ciento. O sea que el perjuicio económico para los asociados consumidores a las cooperativas es bastante importante y se transforma en un impuesto al consumo, es decir que la gente tiene que pagar por lo que consuma en una cooperativa”, explicó el cooperativista.
Finalmente, el presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó, Miguel Folgado, aseguró tras una reunión con diferentes sectores del sector, que “la manera en cómo quieren desarrollar e imponer este impuesto es muy fuerte, creemos que en eso tenemos que prestar mayor atención, en el cómo de la aplicación”.
Que sí, que no, las cartas ya está echadas. Queda solo esperar el quórum de una próxima sesión que permita el debate democrático. O no.

Fuente: Real Politik