22 de Mayo de 2012 - Tierra del Fuego

T. del Fuego-El Municipio de Río Grande preocupado y en alerta

Profunda preocupación hay en el Municipio de Río Grande por la posibilidad que desde el Superior Tribunal de Justicia se haga lugar a la acción declarativa de certeza solicitada por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, en relación a la aplicación de la Ley 648, lo que podría significar una quita de un 25%, o más, de los fondos coparticipables a los municipios y que en definitiva estará repercutiendo de lleno en las finanzas de las ciudades fueguinas.

La preocupación se puso de manifiesto en las últimas horas de este domingo tras las declaraciones brindadas por el Jefe de Gabinete del Gobierno Provincial, Guillermo Aramburu, y el secretario de la Jefatura de Gabinete, Daniel Ravaglia, que a través de una gacetilla de prensa se plantea que desde el Gobierno se espera una resolución favorable a la mencionada presentación ante el STJ.
Ante esto desde el Municipio de Río Grande se planteó el alerta, además, para que esto no signifique una presión política al Superior Tribunal, más aún cuando en reuniones previas mantenidas entre los Intendentes Gustavo Melella y Federico Sciurano con el Jefe de Gabinete, de común acuerdo se había establecido no realizar declaraciones políticas al respecto hasta la reunión de conciliación que debe realizarse este lunes en sede judicial.
La preocupación se pone de manifiesto además por las consecuencias de que esto traerá aparejado en las acciones de gobierno del Municipio de Río Grande, desde donde se está evaluando que esto podría significar la necesidad de tomar medidas como la suspensión de la obra pública, o la merma de servicios que presta el municipio hacia la comunidad, como también los compromisos asumidos con los empleados del Estado municipal, y hasta la baja de contratos.
“Todo este tiempo hemos estado propiciando un clima de diálogo político e institucional con el Gobierno Provincial, y en cuanto a este asunto, respetando también al Superior Tribunal de Justicia, aunque nos llama poderosamente la atención que después de tantos años el Gobierno impulsa una medida de este tipo de medida, y más aún que horas antes de la reunión de conciliación se brindan declaraciones políticas, que podrían tomarse incluso como una fuerte presión hacia los integrantes del máximo órgano judicial de la Provincia”, subrayó una alta fuente del Ejecutivo de Río Grande.
Lo que llama poderosamente la atención de los Intendente es que después de más de 7 años de aplicación de la Ley, ahora el Fiscal de Estado plantea esto, cuando los Legisladores provinciales han estado ratificando su aplicación, e incluso la propia gobernadora Fabiana Ríos lo hizo cuando le tocó ocupar una banca en el Poder Legislativo de la provincia.
Desde los municipios además se ratificó el camino del diálogo con el Ejecutivo provincial, bajo el convencimiento que este asunto debe ser dirimido en el ámbito político para evitar que una medida de este tipo perjudique a las arcas de las ciudades y no resuelve las cuestiones de la provincia, como lo es la Educación, y pone en jaque las finanzas municipales, ya que incluso la posibilidad este pedido ante la Justicia sea en contra de las ciudades podría significar un pago retroactivo de más de mil millones de pesos, por lo que está de más reseñar las consecuencias que se esperan.

Fuente: Provincia 23