Casi en el límite para que la Comisión de la Sala Acusadora de la legislatura decidiera sobre la tramitación del juicio político que se está sustanciando, el actual vocal del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Víctor Sodero Nievas, presentaría su renuncia al cargo que viene desempeñando en el alto cuerpo en las próximas horas, con fecha a diciembre próximo o enero de 2012.
Esta decisión alejaría toda posibilidad que siga adelante el trámite de juicio político iniciado por la denuncia interpuesta por el ex legislador de REDES Fabián Gatti, el 4 de noviembre del año anterior, presentada en aquel momento en la sede del bloque del FpV.
La actitud de Sodero Nievas se pudo saber en fuentes insospechables, que adelantaron a la agencia APP la voluntad del magistrado, adoptada en el marco de un acuerdo con el gobernador Alberto Weretilneck que viene desde hace varios meses atrás.
Precisamente el titular del poder ejecutivo había adelantado el lunes próximo pasado inmediatamente después de la ceremonia de juramento de los vocales Barotto y Mansilla, “que en esta semana se producirían importantes novedades en el ámbito judicial”.
Seguramente el mandatario se refería a la dimisión de Sodero Nievas y paralelamente a su designación como titular del Superior Tribunal de Justicia –hecho que se concretó hoy-, todo un gesto para posibilitar que el juez culmine su carrera transitando por la puerta grande, y eximiéndolo de una prueba tan severa y desgastadora como es el trámite de un juicio político.
También se aseguró a APP, que el alejamiento de Sodero Nievas, en estos plazos, estarían relacionados con el tiempo que el gobierno provincial contempla para la designación de su reemplazante que asumiría funciones en el primer trimestre del año venidero.
De esta manera, comienza a cerrarse un ciclo en el STJ cuyas controvertidas conducciones en el transcurso de los últimos años fueron severamente cuestionadas por distintas agrupaciones políticas y otros sectores de la sociedad. Especialmente por los dirigentes del FpV y en la última campaña electoral.
El principal impulsor del juicio político contra los jueces, contemporáneos a la administración radical, fue el extinto Carlos Soria quien instruyó al ex legislador Fabián Gatti para interponer el recurso que se tenía previsto comenzar a implementar el jueves venidero.
El juicio político se encuentra normado en el artículo 150º y subsiguientes de la Constitución provincial, como un mecanismo especial para destituir entre otros a los magistrados del STJ e incluso inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por un tiempo indeterminado.
El cuestionamiento de Gatti contra Sodero Nievas, se concentra en el pago de la remuneración a mediadores rentados por el Poder Judicial. La legislación vigente establece que esa cancelación por parte del Estado tiene una asignación de dos MED (unidad de pago), es decir, unos 214 pesos por cada proceso. Pero, en el 2007, Balladini como presidente del STJ aceptó un requerimiento de los mediadores de tres circunscripciones, Viedma, Roca y Cipolletti, para que sus honorarios se regulen como los mediadores particulares. El juez avaló esa interpretación con el criterio que “corresponde igual remuneración por igual tarea”.
Gatti afirmó que “hasta ahora, no se conoce resolución ni acordada que respalde esa decisión y que derogue la normativa vigente”. La Justicia desembolsó en dos años y medio durante el 2008, 2009 y primer semestre del 2010 en pagos a mediadores más de 4,7 millones, centrados en las jurisdicciones mencionadas porque en Bariloche se mantuvo el sistema original. Sus honorarios sumaron algo más de 20 mil pesos frente a los más de 2,8 millones de Cipolletti, 1,14 millones de Roca y 723 mil pesos de Viedma. Se suma a esto la causa por la denuncia del legislador del FpV Pedro Pesatti, contra Sodero Nievas, Luís Lutz y Alberto Balladini por el tema de las licencias no gozadas y cobradas. La imputación alcanzaría además al Administrador General del Poder Judicial, Horacio Mión y al ex Fiscal de Estado Alberto Carosio.
La imputación contra estos últimos radicaría en que brindaron las autorizaciones tras haber firmado las respectivas resoluciones que generaron un monto total de más de medio millón de pesos para Lutz y Balladini. El primero percibió la totalidad, mientras que Balladini gestiona su pago todavía.
Actualmente el único que puede ser enjuiciado es Sodero Nievas, ya que Lutz y Balladini habiendo renunciado no pueden ser llevados a dar explicaciones ante la Sala Acusadora de la Legislatura por estos hechos.
El martes 6 de Marzo, la Comisión de la Sala Acusadora de la Legislatura de Río Negro se había reunido para tratar varias denuncias, entre ellas, la de Sodero Nievas y consideró que Gatti debía ratificar la denuncia. A partir de la ratificación efectuada por Gatti comenzó a correr el plazo de 40 días previsto en el art. 154 de la Constitución Provincial para que la Comisión termine sus diligencias investigativas y eleve su dictamen a la Sala Acusadora determinando si los hechos comprobados constituyen causales para la formación del juicio político.
Tal como lo determina el art. 9° de la ley 4340 y lo ha manifestado en diversos medios la Presidenta de la Sala Acusadora, Dra. Ana Piccinini, dicho plazo –que vence este jueves 17/05/12- es perentorio e improrrogable.
La comisión de la Sala Acusadora quedó conformada de la siguiente manera: Ana Piccinini, Luís María Esquivel, Luís Mario Bartorelli, Alejandro Betelú y Adrián Jorge Casadei como miembros titulares.
Las últimas novedades con relación a este proceso se registraron en la Capital Federal, durante la víspera, oportunidad en la que la presidenta de la comisión de la Sala Acusadora, la legisladora Ana Piccinini, se entrevistó con el senador nacional y presidente del Partido Justicialista de Río Negro a quien informó pormenorizadamente de los datos recopilados y la tarea investigativa llevada a cabo por ese organismo cuya misión, era definir la viabilidad o no del juicio político.
Se pudo confirmar que Sodero Nievas haría efectiva su renuncia ante el gobernador Alberto Weretilneck. El magistrado habría adelantado a sus allegados que cumplido su tiempo en la justicia, cuando ello ocurra, retornará a la actividad privada, ejerciendo la docencia, su profesión de abogado y retornaría a su actividad política en el justicialismo.
Fuente: APP
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