Los fondos coparticipables recibidos en febrero por los intendentes y presidentes de comisiones de fomento de la provincia no les alcanzó a muchos para pagar sueldos y afrontar gastos operativos.
A la hora de ir a Casa de Gobierno a buscar respuestas sólo recibieron dilaciones, explicaciones no técnicas y promesas de ayudas que no llegan.
“Nos dicen que volvamos a nuestras comunas y esperemos, pero yo no pude dar el aumento que la provincia decretó y mi gente también necesita un incremento” se lamentó ante éste diario un intendente que por obvias razones pidió las reservas de su nombre.
El hombre detalló –junto a otros dos intendentes, uno del norte y el tercero del oeste- que la situación es “crítica” ya que reciben fondos coparticipables sin detallar sobre la base que se aplica para calcular los desembolsos, “nunca nos muestran lo que ellos reciben, nada dicen sobre el monto sobre el cual aplican los índices coparticipables” detalló el hombre del PJ.
Lo que piden a media voz –por ahora- los intendentes es que les expliquen y muestren los dineros oficiales que Nación envía a Formosa, pero aclaran que no deben hacer la distribución sobre el neto que le acreditan sino sobre el monto sin descuentos que Nación les aplica.
“Si Formosa tiene una coparticipación federal de $ 100, Nación le retiene parte por pagos de vencimientos llegando a las arcas provinciales $ 80, ellos nos distribuyen la coparticipación sobre los $ 80 y no sobre los $ 100, eso es clave para nosotros, pagan sus deudas con nuestra plata” puntualizó el intendente reunido con “El Comercial”.
Ese cálculo ya merma los fondos coparticipables, pero lo que más molesta a los intendentes es que no muestran los números oficiales, “solo nos dicen que reciben menos y por eso nos envían menos. Queremos ver los asientos bancarios para tener la real dimensión de la situación”.
Los intendentes saben que Formosa se ve hoy afectada por los recortes coparticipables por la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo, pero dicen que no son ellos los responsables de financiar al sistema escolar, “no deberían aplicarnos descuentos por esta norma que votaron a dos manos nuestros representantes en el Congreso y ahora nos quieren hacer pagar a todos, no es justo”.
Otro aspecto que objetan algunos intendentes es que suelen ser citados para entrevistas y reuniones y deben esperar largas horas para ser recibidos por algunos funcionarios quienes algunas veces los atienden en los pasillos y no en los despachos oficiales.
“Merecemos respeto, consideración y esencialmente deben recordar muchos funcionarios que para que ellos estén en sus cargos en cada pueblo y rincón de Formosa fuimos nosotros –por los intendentes, concejales y presidentes de comisiones de fomento- quienes trabajamos para que el PJ gane y seamos gobierno de manera aplastante, por eso no pueden venir ahora a decirnos que debemos esperar en pasillos oscuros a ver cuando se dignan a atendernos” comentó finalmente.
Los ATP
Otro renglón de las quejas de los intendentes es cuando en un reciente encuentro con autoridades de Economía les dijeron que el 2 % que nutre de dinero al fondo para financiar los Aportes del Tesoro Provincial –ATP, eran usados para “hacer obras en los pueblos” recordó el interlocutor.
Ese 2 % de toda la masa coparticipable a los municipios no llega a las comunas, se queda para un manejo de funcionarios provinciales que suelen tener –según propias palabras de los intendentes- una distribución “discrecional”.
Los ATP bien pudieron ser el camino usado para cubrir el reciente bache de fondos a los intendentes que algunos no pudieron pagar salarios y mucho menos dar aumentos en marzo.
“Queremos que el manejo de los ATP sea transparente y a la vez informados a todos, o bien su destino puesto en la web oficial de la provincia para que todo el pueblo sepa que se hace con esa plata” comentaron casi a coro los consultados.
Sin aumento
La situación es aún más compleja en aquellas administraciones donde hubo cambio de intendentes o presidentes de comisiones de fomento donde los antecesores dejaron las arcas oficiales vacías, con deudas y con una planta de personal supernumeraria.
Hasta ahora sólo la Municipalidad de Formosa pudo anunciar un aumento salarial –que no alcanza a imitar el porcentaje establecido por la provincia para los estatales- en tanto los demás trabajadores públicos comunales no tienen aumento en marzo.
La incertidumbre sobre los ingresos coparticipables de marzo –recién los recibirán después de Semana Santa- deja a los intendentes sin argumentos financieros para armar una ingeniería financiera sustentable en el tiempo para afrontar un pago de aumento salarial.
Luego están las situaciones de la interna del peronismo como en Clorinda donde un grupo de concejales que responden políticamente al mayanismo, acordaron –sin consultar al intendente- sobre un aumento de sueldos emitido por ordenanza –que sería vetada por Manuel Celauro en breve- generando un conflicto que para muchos era innecesario en Clorinda.
Celauro, medido y cauto evita confrontar pero quienes lo conocen saben que no dejará pasar la oportunidad de llevar su queja al más alto nivel provincial donde no están siguiendo con buen ojo lo que se registra en la interna del peronismo.
7 % menos plata en el 2012 a intendencias
Desde el Gobierno provincial analizan alguna salida a la situaciónLa situación de los intendentes no será apacible en el presente año, sus ingresos coparticipables serán un 7 % menos que el año pasado por aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo a la que suscribió Formosa. El escenario financiero se presenta incierto y si bien en marzo recuperarán algo de dinero perdido en febrero, la sumatoria final anual será menor al año pasado.
“El Comercial” tuvo acceso a un trabajo de una consultora –que suele hacer análisis para el gobierno de Gildo Insfrán- donde se señala en dicho trabajo técnico que Formosa dejaría de recibir en los doce meses del 2012 varios cientos de millones menos.
El informe dice que “es de destacar que la afectación de los recursos en el marco de esta Ley fue sentida por las Provincias hacia fines de Enero de 2012, y durante Febrero de 2012, particularmente, cuando se afectó una mayor proporción de recursos para compensar los montos no afectados durante Enero último”, algo que los intendentes ya lo sintieron y activó reclamos de todo tipo.
El ministro de Economía Jorge Ibañez ya tomó nota de la situación ya que si bien los ingresos han sido normalizada en lo que va Marzo, y se afecta diariamente una suma fija, Formosa vio deducidos una importante porción de recursos de libre disponibilidad (más del 10% del monto total coparticipado), lo que las obliga al gobierno a recalcular sus previsiones de gastos y reasignar partidas presupuestarias.
“Dado que para la coparticipación de recursos provinciales a municipios, deben deducirse estos recursos afectados por la LFE, esta detracción la sufrirán los municipios a lo largo del ejercicio 2012” apunta el informe.
La consultora Economía & Regiones dice en su memo al que accedió éste diario que en el contexto nacional los municipios reciben aproximadamente el 13% de los giros coparticipados a provincias. Podemos, por lo que afirman, que las intendencias contarían con unos $2.400 millones menos en concepto de ingresos tributarios a lo largo de 2012 – números para todo el país.
Menos un 7 %
Pero esto se sentirá en Formosa de manera directa, pero ya se sabe en Casa de Gobierno y se les transmitió no claramente a los intendentes que representaría alrededor del 7% de la coparticipación municipal y el 3% de los recursos anuales, ambas cifras estimadas en forma previa a la reforma.
En otras palabras, los municipios financiarán una parte del gasto educativo provincial de 2012, aún cuando no tengan a su cargo un solo maestro o escuela.
Según estimaciones previas, el gobierno provincial podría dejar de enviar en el presente año unos 48 millones de pesos menos a las comunas
Más es menos
Hay que recordar que La Ley de Financiamiento Educativo -LFE- fue sancionada en Diciembre de 2005, y tuvo como principal objetivo incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En términos cuantitativos, se proponía elevar progresivamente la participación del Gasto Público Consolidado en Educación en el PIB, hasta alcanzar la meta del 6% en 2010, partiendo del 4.6% alcanzado en 2005.
Al margen de las consideraciones que se puedan hacer sobre el impacto que ha tenido la Ley en términos de mejoras en la calidad del sistema educativo, se debe decir que las metas cuantitativos fijadas en la LFE no sólo fueron alcanzados, sino sobre-cumplidos, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Educación de la Nación.
Asimismo, en la Ley se determinaban los esfuerzos relativos que debían hacer ambos niveles de gobierno para alcanzar los aumentos progresivos en el Gasto Educativo: de acuerdo a los artículos 4º y 5º, la Nación debía aportar el 40% de los recursos adicionales en forma anual, quedando el restante 60% en manos de los Gobiernos Subnacionales.
Para este fin, se creó una afectación específica de recursos coparticipables para garantizar el financiamiento automático de la parte correspondiente a las provincias, evitando que la misma quede a merced de la discrecionalidad de las Administraciones Provinciales.
Cabe señalar que la parte afectada correspondía únicamente a los recursos adicionales necesarios para ampliar la participación en el PIB, ya que de afectarse la totalidad del Gasto en Educación de hubiera absorbido, a modo de ejemplo, más del 50% del flujo anual coparticipado en 2010.
En síntesis, hoy descuentan plata para educación, cuando las metas oficiales para financiar el sistema están por encima de lo previsto, es decir hoy envían menos plata a Formosa cuando ya la provincia hizo su aporte que permitió alcanzar las metas locales y nacionales de afectación de recursos genuinos para mejorar el sistema educativo.
Fuente: El Comercial
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