19 de Marzo de 2012 - Santa Cruz

Santa Cruz-Por ley de fondos educativos, cae coparticipación a municipios

La ley nacional de Financiamiento Educativo fue reinstalada a partir del Presupuesto nacional 2012. Impone una asignación específica del 10,5% a la Educación, por lo que la coparticipación nacional de "libre disponibilidad" que es distribuida a los municipios se reduce en ese porcentual.

En febrero, los municipios de las distintas provincias argentinas se vieron “sorprendidos” por una reducción en los envíos de coparticipación en comparación con lo ocurrido en el mismo mes de 2011. Sin embargo, los datos muestran que la coparticipación a provincias en el mismo período creció. La explicación de esto está íntimamente relacionada con los fondos destinados a la educación, sostiene un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Financiamiento
Educativo
La ley nacional de Financiamiento Educativo (Ley Nº 26.075, con vigencia a partir de 2006) tuvo como objetivo el incremento de la inversión en Educación, Ciencia y Tecnología por parte del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aplicarse en forma progresiva desde 2006, hasta alcanzar en el año 2010 una participación de estas partidas del 6% en el PIB.
Por medio de dicha ley se establecieron metas educativas, de gasto y de financiamiento. En la norma existían claras pautas de realización para los objetivos de financiamiento, mientras que los objetivos educativos resultaban más de carácter general, reflejando en parte la creencia de que sus posibilidades de concreción aumentan en la medida en que se destine más dinero hacia el sector.
Los objetivos de participación del gasto en el PBI se cumplieron acabadamente, aunque, como contrapartida, no es tan directa ni sencilla la evaluación del cumplimiento de las metas educativas.
Para el cumplimiento anual de las metas fijadas en la norma, la ley destinó con afectación específica el incremento de fondos coparticipables, respecto del año 2005. El monto de esta asignación correspondía al esfuerzo incremental de erogaciones que debían hacer las provincias para alcanzar los objetivos anuales en términos del producto bruto.
La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia y a CABA se efectuó, para los años de aplicación de la ley, conforme a un índice que se compuso de la siguiente manera:
a) Un 80% de acuerdo a la participación de la matrícula de cada jurisdicción en el total de los niveles inicial a superior no universitario, correspondiente a todos los tipos de educación.
b) Un 10% por ponderación de la incidencia relativa de la ruralidad en el total de la matrícula de educación común de cada jurisdicción
c) Un 10% por ponderación de la participación de la población no escolarizada de entre 3 y 17 años de cada jurisdicción en el total.

Vuelta al fondo general
La vigencia de la ley venció en 2010, lo que hizo que durante 2011 los fondos de asignación específica determinados en la misma retornaran a la masa de transferencia global del sistema de coparticipación federal, incrementándose de hecho la misma y volviéndose, por lo tanto, dichos recursos de “libre disponibilidad” y por lo tanto, coparticipados íntegramente a los municipios.
De esta manera, las comunas, que reciben un porcentaje de los fondos de coparticipación nacional, se vieron favorecidas financieramente ante el aumento de los fondos a distribuir de manera global en 2011. Estos montos se incrementaron un 53% respecto a 2010.

Vuelta atrás
En la Ley 26.728 de Presupuesto nacional 2012, artículos 61 y 73, vuelven a implementarse las disposiciones de las leyes 26.206 (de Educación Nacional) y 26.075 (de Financiamiento Educativo), con la modificación de que el 6% del PIB será gastado solamente en la finalidad Educación (antes se incluía también Ciencia y Tecnología).
De este modo, a diferencia de lo ocurrido en 2011, el monto global coparticipable, en detrimento de los municipios, vuelve a disminuir. Es decir que al reducirse la base coparticipable, las comunas perciben menos recursos por esta vía, no así la provincia.
Esto comenzó a regir desde el 1 de enero, pero recién en febrero se igualó el monto de asignación específica. Siendo que la ley de Financiamiento Educativo representó un 10,5% de los envíos por el total del régimen de coparticipación en el primer bimestre de este 2012, en conjunto los fondos de asignación específica ascendieron al 11,6% de la coparticipación.
En enero significaron una masa global para todas las provincias de 510 millones de pesos, pero en febrero fue de 2.330 millones, para recuperar el promedio de lo asignado en 2010, del orden de los mil millones de pesos.
Esta nivelación hizo que si bien los envíos de coparticipación a las provincias subieron significativamente, incluyendo la ley de Educación, no ocurrió de igual forma con los fondos recibidos por los municipios, que tuvieron una retracción comparados con igual mes de 2011.
De todas maneras, según los especialistas, a partir de las expectativas inflacionarias y el crecimiento de la recaudación nacional, el horizonte sigue siendo positivo en torno a un crecimiento de las cifras de la coparticipación federal, respecto del año anterior, de alrededor de un 25% para las provincias y de casi un 20% para los municipios.

Fuente: La Opinión Austral