4 de Marzo de 2012 - Río Negro

Río Negro-Weretilneck: acciones y objetivos de gobierno

Por Omar N. Livigni

En una de las crisis mas profundas que vivió hace más de un siglo la República Argentina, se escuchó decir en el Congreso Nacional al Dr. Carlos Pellegrini –que había reemplazado en el cargo al depuesto presidente Miguel Juárez Celman- : “… señores legisladores, mi gobierno es tan débil y tan pobre que estoy parado sobre un montón de ruinas y escombros, que es lo que ha quedado de la República”.
En realidad Pellegrini, no era tan frágil como decía, puesto que en el viaje de regreso del palacio legislativo, relevó a los jefes de las Fuerzas Armadas que le acompañaron en la carroza, porque según el no le merecían confianza. Y después cumplió una gestión de gobierno ejemplar de austeridad e imaginación, iniciando una etapa reconocida de paz y prosperidad.
Es posible que resulte forzada cualquier comparación entre dos escenarios y situaciones históricas tan distintas. El punto central de similitud que permite el paralelismo entre una y otra, es la situación económica.
Hoy en Río Negro no es otra que la de un estado interior inviable, que sigue funcionando gracias a la ayuda del gobierno central con importantes asistencias mensuales y recursos extras, para ejecutar obras públicas. En alguna o gran medida, según cual sea el ángulo de análisis, la debilidad que pueda tener el gobernador Alberto Weretilneck define al mismo tiempo su propia fortaleza, ante una crisis profunda que nadie puede discutir y obliga a los principales actores políticos y sociales para colaborar en un proceso de recuperación.
El primer mandatario centró su disertación en la apertura de la XLI período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Río Negro, a concentrar todas las energías en la reformulación del estado quebrado.
Uno de sus francos mas singulares es que ofrece el número de 48.553 empleados públicos, sin duda la relación mas alta entre agente por habitante de la región patagónica. Y por si fuera poco, tiene una deuda de 5.800 millones de pesos que significa casi el 70% del presupuesto provincial. Hasta el 2011 su déficit anual superaba los 220 millones de pesos.
Instó a abandonar esta situación de estado “pagador de sueldos” para en cambio garantizar derechos con una eficiente prestación de los servicios y con autonomía para diagramar obras públicas, y planes de desarrollo.
Si bien pudo haber sido excesivo el tiempo que insumieron las palabras de Weretilneck –Churchill decía que para hablar una hora había que trabajar 5 minutos, y para hablar 5 minutos el trabajo demandaba una hora- logró brindar un buen discurso al parlamento.
Se pudo apreciar versación en los temas abordados y en la seguridad del manejo expositivo. Sobresalió como muy valiosa su experiencia en el municipio de Cipolletti, y el aprendizaje forzoso de estos últimos 60 días al frente del despacho mayor del gobierno rionegrino.
Por primera vez desde la cúspide de la administración se señalaron rumbos, líneas de acción y objetivos concretos, que definen un plan primario de gobierno que hasta el momento brilló por su ausencia.
El mensaje del gobernador, suficientemente difundido por los principales medios de comunicación, libera al cronista de detenerse en los puntos principales pero evidencia que la dirigencia del FpV asumió que el gobierno está cumpliendo 100 días, que la desaparición del extinto gobernador Carlos Soria es irreversible, que el tiempo del luto llegó a su termino, y que la tregua que la sociedad otorga a los gobiernos noveles está llegado a su fin. La complejidad de los problemas actuales, tanto como los que se avecinan, requieren soluciones y respuestas. A quienes votaron al FpV, y a la sociedad en su conjunto.
El gobierno es ahora artífice de su propio destino, lo que pasó antes del 10 de diciembre, se convertirá en un lejano recuerdo y la invocación de la figura de Carlos Soria nutrirá la iconografía de los justicialistas y estará en sus corazones. Pero no reemplazará la gestión, los cuerpos técnicos y la elaboración de un cuerpo de ideas y proyectos para afrontar con éxito tantos desafíos.
Lo positivo del mensaje es que aparecen allí los ejes de un plan sistemático de gobierno que exponen un orden, racionalidad, eficiencia a la administración, para que el cambio por el que optaron los electores ingrese cuanto antes en el campo de las realidades concretas.

LEY DE DISPONIBILIDAD Y MINERÍA CON CIANURO
Despierta expectativas observar que desde el más alto nivel oficial hay capacidad de rectificación y de adaptar los fines a los medios.
Muchas veces la búsqueda de distintas alternativas, no significan claudicaciones ni retrocesos. Al contrario sirven para alcanzar resultados parecidos, ahorrando esfuerzos y evitando conflictos innecesarios.
Tal como reza la frase, cuya paternidad siempre se le adjudica a Juan D. Perón: “Cuando se quiere que algo no funciones o deja de funcionar, se lo debe remitir a una comisión”; algo de esto ha hecho el gobierno rionegrino con la inquietante ley denominada de “Disponibilidad”, que no sólo viene quitando el sueño a los empleados públicos sino también a los funcionarios responsables de su reglamentación principalmente, y su eventual aplicación.
La ley no está por supuesto en una comisión sino en la Secretaría Legal y Técnica dependiente del gobernador, taller de forja jurídica donde la norma seguramente verá disminuidos sus aristas más virulentas. Se sabe que hasta los propios asesores jurídicos de Weretilneck son concientes que este tipo de normativas responden a situaciones excepcionales, y por su propia naturaleza se encuentran en el mismo límite de la inconstitucionalidad. Y su viabilidad y aceptación tienen directa relación con las situaciones políticas que debe afrontar su vigencia.
En la plana mayor del gobierno no ha pasado desapercibido, ni mucho menos, el alto costo político que viene sufriendo la administración provincial en ese superpoblado universo de los empleados públicos y sus familias. Está claro que la hipótesis primigenia de sumar a los contratados que finalizaron sus relaciones laborales con el estado, otros miles que vienen revistando en planta permanente, incluso los últimos incorporados por ley de la legislatura, habrían llevado a límites insoportable la presión social y la resistencia del propio gobierno.
Ya está decidido –la ley no puede ser derogada por el gobierno- que la norma de disponibilidad, se aplicara fundamentalmente a los casos concretos que son de dominio públicos, de todos aquello agentes en su inmensa mayoría designados con anticipación al 10 de diciembre que venían cumpliendo roles de funcionarios con responsabilidades políticas, y que súbitamente aparecieron como integrantes de la planta permanente.
Esta razonada y atinada flexibilización, se complementará con planes a mediano y largo plazo, acudiendo al sistema de retiros y jubilaciones, decisiones que eliminarán la soluciones compulsivas de los despidos masivos, con los que apareció amenazar, en algunos momentos, la tan criticada ley.
En el caso de la minería con cianuro, sin que se pueda descartar el convencimiento de las autoridades, en cuanto que ese es el camino correcto para revertir la tradicional ovino dependencia de la región centro sur, no se deben descartar otras razones de peso.
Muchas provincias recibieron instrucciones desde la nación para facilitar la radicación de capitales orientados a la industria minera, y poner en marcha yacimientos existentes en la cordillera y precordillera.
Hay un caso realmente patético, que sirve para otorgarle verosimilitud a esa versión. Y es el que ha protagonizado el actual gobernador de La Rioja, Beder Herrera, otrora vehemente opositor a la minería con cianuro convertido hoy, de un día para otro, en el más entusiasta defensor de la actividad.
En cambio en Río Negro, la decisión de derogar la ley anticianuro fue un acto de inexplicable apresuramiento, porque abrió un frente prematuro de conflicto. La experiencia para el gobierno es el adecuado manejo de los tiempos ya que, un proyecto minero madura por lo menos a los dos o tres años. Todo indica que por ahora, sin resignar de sus objetivos, y bajo el resguardo de promover la minería “con licencia social”, las inquietudes oficiales se limitarán a completar la integración del Comité Ambiental creado por la nueva ley de minería, y constituir la empresa estatal, de acuerdo al compromiso asumido por Río Negro en el reciente pacto minero con Nación.
Una novedad registrada en este frente es la denuncia formulada por la legislador Magdalena Odarda, del bloque ARI, en cuanto que el Departamento Provincial de Aguas, habría otorgado en noviembre del año anterior, un permiso oficial a la empresa minera propietaria del proyecto Calcatreu a extraer agua para uso industrial de napas subterráneas en la zona, declarada recientemente en estado de emergencia hídrica.
La misma legisladora se dirigió al Defensor del Pueblo, Gustavo Casas, solicitando su intervención ante la aplicación de la nueva ley de minería por ser “claramente anticonstitucional”, regresiva en materia ambiental y desconocimiento de los pueblos indígenas.

SODERO NIEVAS: ¿HABRÁN LLEGADO LOS IDUS DE MARZO?
Mientras el Dr. Víctor Sodero Nievas, el único de los integrantes del STJ que acompañó a los últimos gobiernos radicales, visitará por estos días a la Dra. Elena Haigton de Nolasco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando protección a sus desventuras en estos pagos, el vicegobernador Carlos Peralta desató otra andanada mediática en su contra, amenaza de juicio político mediante.
Se trata de una historia que vuelve a repetirse y tiene epicentro en el sector de mas rancia estirpe “sorista” de justicialismo, a la que adscriben como máximos exponentes tanto Peralta como el ex legislador Martín Soria, hijo del extinto gobernador, actual jefe comunal de General Roca y titular de la Liga de Intendentes.
El conflicto vuelve a reactulizarse coincidentemente con la decisión del gobernador Weretilneck de convocar al Concejo de la Magistratura para cubrir las dos vacantes restantes en el máximo cuerpo judicial que deberá finalizar su labor en abril.
Mientras tanto Sodero Nievas conocedor de las asechanzas que se ciernen sobre su persona, confía a sus íntimos su vocación de resistir el cerco y los ataques. Continúa presidiendo las reuniones que vienen celebrando las distintas circunscripciones para la designación de nuevos magistrados.
Sus amigos sostienen que a los jueces se los juzga por sus sentencias, y no existen motivos para su relevo.
Sus detractores en cambio, le atribuyen responsabilidades y complicidades con las autoridades que cesaron el 10 de diciembre próximo pasado.
Pese a todo Sodero Nievas se mueve como si viviera en el más placido de los mundos y el otro día en la legislatura, saludó efusivamente a Weretilneck y otros funcionarios, siendo la única excepción Julián Goinex, quien cedió forzado su diestra en un movimiento neutro y glacial.
La estabilidad de Sodero Nievas en el STJ, parecen haber ingresado en un tramo de definiciones muy cercanas, y se están precipitando los acontecimientos. Entre el jueves y viernes último, al tomar conocimiento de la posibilidad de un juicio político en marcha, el legislador Ariel Rivero renunció a la Sala Juzgadora anticipando que no favorecerá ese proyecto. Rivero está enrolado en el sector justicialista que responde al senador Miguel Pichetto, actual presidente del PJ, y viene asumiendo una actitud en defensa de la posición de Sodero Nievas.
A esta altura valen algunos interrogantes: ¿la decisión de la remoción de Sodero Nievas es privativa del “sorismo” o responde a un acuerdo de otros sectores o grupos internos? ¿El gobernador Weretilneck es conocedor de la situación planteada o tiene una posición distinta los promotores de la iniciativa? ¿Esto puede gravitar negativamente en las relaciones ínter-partidarias? ¿Cómo juegan los colegios de abogados de las cuatro circunscripciones judiciales en este laberinto?
En los distintos planos del justicialismo, hay como es de imaginar, un verdadero mundillo de rumores donde se especula que hasta veedores de la corte e inclusive algunos ministros puedan llegar a Río Negro, para analizar sobre el terreno de que naturaleza son las relaciones entre el poder político y la justicias.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL CABALLO DEL COMISARIO
La Legislatura de la provincia llamó a concurso para proceder a la elección del Defensor del Pueblo, órgano de control externo cuya titularidad asumió en forma provisoria el Arq. Gustavo Casas, conocido profesional, vecino de Viedma y de antigua filiación justicialista.
El concurso tiene alguna singularidad. Sufrió un plazo de ampliación de otro anterior cuyo término cerró el viernes, tiene 27 inscriptos, que aspiran con legítimas pretensiones a acceder a los cargos –defensor titular y adjunto-, esperanzadas en sus títulos y antecedentes.
Pero parece que la cosa no será tan lineal, si se consideran algunos elementos, antecedentes y consecuentes, que indicarían “prima facie”, de no mediar argumentos muy convincentes en contrario, que el caballo del comisario ganará cómodamente y sin castigar la competencia, como dicen con acierto en el campo.
Sobre todo cuando alguna carrera se aprecia perdida de antemano porque el poder o los influyentes juegan contra los competidores antes de la largada.
Gustavo Casas asumió en forma interina, hasta tanto el parlamento definiera por el estudio de los antecedentes y los votos de los legisladores a sus reemplazantes. A último momento se inscribió como postulante y se sumó al listado, donde hay profesionales, figuras de conocida actuación pública, ex legisladores y vecinos.
Para muchos esta actitud resultó todo una señal, por la sencilla razón de que Casas no se habría presentado para competir y perder, computándose que adoptó esa actitud sabiendo que los legisladores del FpV, que suman 30 bancas, tienen en esta ocasión la sartén por el mango.
Se sospecha que resultará muy difícil que los parlamentarios desairen al vicegobernador Carlos Peralta, que bien podría ser definido como el padre de la criatura.
Muchos de los anotados estarán pensando en la alternativa de desertar en la largada y dejar que el caballo del comisario corra solo para quitarle legitimidad al triunfo.
Otros disputarán al cargo de Defensor Adjunto pensando quizá, que el “pichetismo”, o un sector del Frente Grande o el propio radicalismo como oposición, deberán obtener una compensación.
Y finalmente el ingeniero y Licenciado en Ciencias Políticas, Miguel Ciliberto, estará recordando que tuvo el mismo ofrecimiento que Peralta le hizo a Casas, ser designado primero en la legislatura y ser el caballo del comisario después, y renunció a esa posibilidad para competir por derecha y de buena fé.

Fuente: APP Río Negro