Por Luciana Diaz Frers y Estefania Casadei
Las provincias reciben recursos del Gobierno nacional por varios mecanismos. Uno de ellos –el más “automático”– es el de la coparticipación federal de impuestos. Por este medio obtienen una parte de lo que la Nación recauda de acuerdo con coeficientes fijos establecidos en una ley de 1988. Así, en 2009 se coparticiparon unos 52 mil millones de pesos, en 2010 unos 82 mil millones, y en 2011 casi 106 mil millones. Sin embargo, existen otros caminos paralelos al laberinto de la coparticipación por los cuales la Nación asigna fondos a las provincias: el presupuesto nacional es el más importante.
Por supuesto, una gran porción del presupuesto nacional se destina a cumplir con obligaciones contraídas anteriormente. Un ejemplo significativo es la previsión social, que se lleva más del 30% del gasto público nacional. Este no se puede asignar según la voluntad de quien lo administre sino que responde a derechos básicos, está regido por leyes y su asignación geográfica depende del domicilio de los beneficiarios.
Sin embargo, ciertos programas de gasto se manejan con criterios de distribución que dan espacio a la discrecionalidad. Si se suman los programas que reúnen estas características, alcanzan cantidades considerables: $ 43 mil millones en 2009 (17% del total del gasto devengado), $ 80 mil millones en 2010 (24% del gasto total) y $ 101 mil millones en 2011 (27% del total del gasto). Son montos apenas menores a la coparticipación, que bien pueden cambiar la suerte de algunas provincias.
Calculando este gasto per cápita, surge un curioso patrón de provincias más y menos favorecidas. Aunque los ciudadanos más beneficiados parecen ser los porteños –que en 2011 habrían recibido $ 22.300 per cápita–, es necesario tener en cuenta que a la Ciudad se asignan gastos de administración de los programas y otros gastos que no son fáciles de distinguir geográficamente, incluso compras centralizadas que luego se distribuyen en el país.
Llamativo es, en cambio, que el segundo puesto lo lleve Santa Cruz (con $ 8.200), una provincia de ingresos medios y bajo nivel de pobreza. Muy por detrás los sigue La Rioja, con $ 2.900. Por otro lado, los que menos recibieron en 2011 fueron los salteños ($ 516 per cápita), los cordobeses ($ 555), los santafesinos ($ 574) y los bonaerenses ($ 618). Este patrón se repite en 2009 y 2010, aunque en distinto orden.
Los fondos repartidos por el presupuesto nacional no resultan todo lo “federales” que deberían ser. Por citar más ejemplos, en 2011 los puntanos recibieron $ 727 per cápita, mientras que los chubutenses, que son casi la misma cantidad, recibieron $ 1.500. Entre Ríos recibió casi tres veces más fondos que Salta, a pesar de tener sólo diez mil habitantes más.
Las provincias del Noreste también son tratadas de manera desigual. Formosa es la que más recibe: $ 2.700 per cápita. Chaco, con el doble de población, recibió unos $ 1.500, mientras que Misiones, con cantidad de habitantes y condiciones sociales similares a las de Chaco, recibió $ 655 por cada habitante. Así, existen numerosas muestras de la falta de un criterio igualador al momento de distribuir estos fondos.
Todos estos datos corresponden a 2009, 2010 y 2011. El cálculo para 2012 resulta inaccesible debido a un cambio en la metodología en la que se publica la información sobre ejecución presupuestaria. La versión anterior del sitio Consulta para el Ciudadano sobre el presupuesto nacional (www.sitiodelciudadano.mecon.gov.ar) permitía saber cuánto gastaba cada ministerio en cada programa de gasto y su distribución geográfica. El sitio actual, modificado el 20 de julio de este año, dejó de clasificar el gasto por ubicación geográfica (provincia), lo que representa un retroceso en materia de transparencia de la información pública.
Es necesario que el reparto de los recursos públicos, especialmente de los programas dirigidos a mejorar la situación social y la infraestructura de las provincias más rezagadas, sea transparente y responda a criterios como Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), falta de acceso a servicios básicos o nivel educativo, entre otros, de la mano de un sistema confiable de estadísticas. Ello puede ser un buen comienzo para apuntar la equidad distributiva y la igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino.
*Directora y analista del Programa de Política Fiscal de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
Fuente: Perfil
URL NOTA: http://www.lariojamunicipal.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=17321