LaRiojaMunicipal

17 de Abril de 2012 - Río Negro

Río Negro-Una nueva etapa en Río Negro

Por Omar N. Livigni

Las últimas semanas del calendario de este año, tan complicado como imprevisible, han sido prodigas en días faustos (felices), como decían los romanos, para el gobernador Alberto Weretilneck quien, entre otras cosas, puede exhibir el reiterado respaldo que el gobierno nacional demuestra hacia su gestión en la provincia, extensiva a la figura del senador Miguel Pichetto, titular del justicialismo y máximo garante de la estabilidad política en Río Negro.
Es realmente excepcional que la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, haya decidido dos viajes consecutivos en un plazo de pocos días a una provincia, por motivos distintos: uno ya cumplido en Bariloche el día 4 y otro a efectivizarse el 25 de mayo en la misma localidad andina, con motivo del tradicional Tedeum en celebración de la fiesta patria. Tales periplos son gestos ponderables que no pasaron desapercibidos para nadie. Especialmente para los peronistas que, por la propia naturaleza del movimiento al que pertenecen, parecieran tener un sexto sentido en detectar por dónde pasa el poder, una realidad que no suele formar parte de los temas en discusión.
Con estos vientos favorables, el gobernador vio culminados sus esfuerzos para completar las dos vacantes del máximo tribunal de justicia con la designación de los doctores Enrique Mansilla y Sergio Barotto, de Bariloche y General Roca respectivamente, consagrados por una abrumadora mayoría en el Consejo de la Magistratura. Así se dejó atrás la imagen de acefalía que torturó por largo tiempo al STJ, un logro importante de por sí, que junto con la asunción de los nuevos magistrados, significaron un triunfo para Weretilneck, responsable de ambas propuestas y de haber incidido en ese sentido en los distintos colegios de abogados de las cuatro circunscripciones judiciales y en los legisladores, del PJ y la UCR.
Resultó un proceso prolijo, ajustado a la ley, en alguna manera emblemático. Porque por primera vez la designación de los jueces del alto tribunal surgió ajustada a lo que establece la Constitución provincial.
Si bien cabe una objeción, ya que hasta que no haya una enmienda constitucional el Concejo de la Magistratura seguirá representando solamente a las corporaciones política y judicial, faltando aun incorporar a este órgano que designa a los jueces –como ya lo han hecho otras provincias como Neuquén y Chubut- a representantes de los distintos sectores sociales.
El gobernador que no desea situaciones traumáticas en el poder judicial, habría asegurado al juez Víctor Sodero Nievas, su permanencia sin juicio político en la vocalía que ocupa, quien se alejaría en enero próximo de sus actuales funciones, aunque algunos dirigentes del PJ no se resignan a que Sodero Nievas logre irse por la puerta grande, sin ser sometido a ninguna rendición de cuentas.
Weretilneck no rechazó la idea de un STJ de cinco miembros en un futuro cercano, afirmación que abrió especulaciones. Una de ellas dejó entrever que tal posibilidad pudo haber sido materia de negociaciones entre el gobierno y los colegios de abogados para resolver los votos a favor de Mansilla y Barotto.
En este paréntesis sin mayores conflictos, y justo al cumplir 100 días al frente del gobierno, ratificó su identidad de pareceres con el senador Miguel Pichetto, tanto en asuntos atinentes al funcionamiento del estado, como de la marcha del proceso político.
Según dijo Weretilneck al diario Río Negro en un reportaje exclusivo, comienza ahora lo que denominó “la nueva etapa de su gobierno”, reconociendo “cuatro vehículos de financiamiento: el aporte de las petroleras en los nuevos contratos, el plan de obras públicas de nación, los aportes internacionales y la emisión de un bono que se calzará con los regalías petroleras”.
Es una manera de anticipar que sus principales preocupaciones estarán detrás de las políticas petrolera y minera, los dos rubros claves que aspira a convertir en ejes de tracción para dinamizar la economía provincial y mejorar el angustiante panorama fiscal de la provincia.
El gobernador, revirtió áreas de YPF con deficientes o nulos niveles de producción en la jurisdicción provincial, alineado con la presidente CFK, y mientras aguarda la definición de la política petrolera nacional con respecto a REPSOL YPF, se mostró favorable a la participación del Estado argentino en la empresa.
También se decidió a poner en marcha en Catriel EDHIPSA, la empresa petrolera provincial y ya dispuso el envío a la legislatura del proyecto de ley para crear su similar minera.
Ambas medidas constituyen la señal evidente que en estos rubros el gobierno pondrá sus mejores energías y no habrá marcha atrás, sobre todo en la última de estas actividades por los problemas que anticipan los sectores que militan en las organizaciones ambientalistas.

SE COMPLICA EN EL JUSTICIALISMO LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
A principios de mayo, asumirá funciones el nuevo Defensor del Pueblo, elegido por los dos tercios del total de integrantes de la legislatura provincial, como culminación de un breve proceso que se iniciará con una serie de entrevistas entre los postulantes, y representantes de las distintas bancadas parlamentarias.
Lo que a priori aparecía como un simple trámite casi administrativo, empezó a mostrar sus aristas complejas, registradas sobre todo en los ámbitos gubernamental, parlamentario y partidario del justicialismo.
Todo el mundillo oficial daba por descontado que el arquitecto Gustavo Casas, en funciones interinas y a la vez uno de los candidatos, era quien tenía todas las posibilidades a su favor, por contar con el respaldo de quien lo prohijó y designó en el cargo, el vice gobernador Carlos Peralta.
Pero, las previsiones en política distan de ser definitivas, y surgieron los imponderables.
El surgimiento de la figura de Miguel Ciliberto también justicialista como Casas, y su condición de aspirante a la defensoría, trastocó el esquema inicial: sobre todo a partir de la inteligente tarea cumplida por Ciliberto frente a los legisladores del FpV, a quienes explicitó su proyecto, convenciendo a muchos que era el hombre para el cargo.
A la positiva evaluación de la solvencia de Ciliberto, se le sumó otro factor de peso: el Ingeniero Agrónomo y flamante Licenciado en Ciencias Políticas nunca tuvo paréntesis en su militancia partidaria desde 1976 en adelante, mientras que Casas se dedicó mas de 20 años a su profesión y declinó durante ese lapso sus compromisos con el justicialismo.
Afirman en círculos cercanos al bloque del PJ, que Peralta como agudo receptor de los humores de los legisladores, habría optado por poner en marcha un candidato alternativo como figura transaccional. Esa responsabilidad recaería en un militante peronista de General Roca, Edgardo Rojas, que figura como inscripto en la lista de aspirantes al cargo en disputa.
Al parecer en la casa de gobierno, el máximo nivel del ejecutivo no adoptó una posición pasiva sobre este tema. Al contrario, el gobernador Alberto Weretilneck se encargó de enviar explícitas señales para que el candidato a Defensor del Pueblo resultara ser alguien que estuviera mas allá de los sectores internos del justicialismo o alguna otra agrupación partidaria, recomendando a una figura neutra o independiente.
Este último fin de semana, la cuestión era motivo de todas las conversaciones, restando solo saber la actitud de Peralta, celoso defensor de sus espacios y decisiones.

¿NUEVAMENTE LA INTENCIÓN DE TRASVASAR LOS CUPOS DEL RIO NEGRO AL COLORADO?
En octubre de 1976, en plena dictadura militar, una reunión de gobernadores de provincias condóminos del Río Colorado, que tuvo como representante de Río Negro al mandatario de facto Contralmirante Aldo Luís Bachmann, donde debía tratarse únicamente los aprovechamientos conjuntos de dicho río, por presiones políticas del poder central y factores de poder de la zona de Bahía Blanca, se alteró el temario y se incluyeron cláusulas que dejaron librada la posibilidad de un futuro trasvasamiento del Negro al río Colorado.
Esto entraña un problema de fondo para Río Negro, porque a partir de ese momento existe el riesgo de que quede comprometido el futuro de la utilización del agua en sus propias zonas de regadío, hecho que representa lo que se denomina “un principio de daño sensible” a uno de los integrantes de la cuenca del río Colorado.
Está claro que la eventual sesión de 50 metros cúbicos a la provincia de Buenos Aires, como se estipuló en el tratado, puede consumir gran parte de la alícuota que a esta le corresponde en el Negro, y consecuentemente puede afectar al proyecto conjunto Conesa-Guardia Mitre–Patagones, por ejemplo.
No se trata de un problema menor porque se inscribe en el antiguo e irresuelto problema de las disputas entre provincias por los ríos interjurisdiccionales. Y cualquier eventualidad en este sentido colisiona con un objetivo básico compartido por todo Río Negro: si el pilar del desarrollo económico y social de la provincia consiste en el integral aprovechamiento de su principal recursos hídrico, no pueden comprometerse derivaciones fuera de su cuenca, para poder satisfacer todas sus utilizaciones previstas.
Pero esta cuestión del trasvasamiento, que cuenta con la absoluta y total oposición de la comunidad provinciana, pende sobre la región cual espada de Damocles, y se reactualiza periódicamente de acuerdo a la convergencia de los intereses políticos y económicos que, con gran capacidad de lobby inciden en las decisiones del ejecutivo de la provincia de Buenos Aires.
En la zona de CORFO y con el auspicio de la FUNBAPA, durante la Fiesta Provincial de la Cebolla realizada en Hilario Asacasubi, hubo una serie de importantes conferencias dictadas por especialistas, todas referidas al aprovechamiento del río Colorado y, una de ellas, a cargo del Ing. Marcos Aragón, secretario técnico de CORFO, versó específicamente sobre el tema “Importancia de la determinación de los cupos del río Negro y su trasvasamiento al río Colorado”.
El reflotamiento de la cuestión resulta una constante en el partido de Villarino, y está casi siempre ligada a un proyecto que data de 1930 elaborado por el ya fallecido Ing. Domingo Pronsatto, quien había propuesto la construcción de un canal a partir de Melicurá sobre el río Colorado, y con desembocadura en el Atlántico. Ese emprendimiento abastecería de agua a la zona pampeana del Bajo de los Baguales y, simultáneamente a los valle de la zona norte del partido de Villarino.
Además tendría la capacidad para beneficiar al Valle del Prado, sobre la cuenca del Colorado, cuyo caudal se incrementaría con aguas del río Negro, para superar los problemas de salinización.
Ahora muy recientemente, el gobierno de Buenos Aires ha cerrado acuerdo con una empresa China que invertirá en proyectos de regadío en los partidos de Patagones y Villarino en una superficie inicialmente estimada de 10 mil hectáreas en total.
Según una de las últimas ediciones digitales del diario Clarín de la Capital Federal, recogidos por la prensa local, el agua para riego se tomará del río Negro en el caso de Patagones y, en el caso de Villarino del río Colorado.
Teniendo en cuenta la sensibilidad reinante y sobre todo los antecedentes en este tipo de cuestiones, es legítimo preguntarse que papel juegan en el marco de esta iniciativa bonaerense las autoridades rionegrinas, y en particular el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y los representantes rionegrinos en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO),
Y también inquirir si en forma unilateral el gobierno de la provincia de Buenos Aires puede disponer y utilizar recursos del río Colorado y en que medida, sobre todo si se considera que no hay consentimiento rionegrino para ello. ¿Lo hay? Y si esto, de convertirse en un hecho consumado no sienta un peligroso antecedente y vulnera los derechos provinciales sobre el río Colorado.
En definitiva, plantearse que relación puede existir entre estos aprestos y las aspiraciones de avanzar sobre el viejo sueño bonaerense de trasvasar las aguas del río Negro.

EL GOBIERNO DE RIO NEGRO Y LA PRENSA
Lentamente a un ritmo casi mínimo pero mejorando, como un gigantesco témpano que comienza a derretirse, el gobierno provincial comenzó a saldar antiguas acreencias contraídas por los medios de difusión de la provincia con la anterior administración, que caducara su mandato el pasado 10 de diciembre.
Llegó así la primera bocanada de oxígeno después de una prolongada veda que se remontaba a mediados del año anterior, sumándose a ese factor la no emisión de órdenes de publicidad institucional que comenzaron a ser libradas desde principios de abril.
Pero sin duda la mayor novedad en relación entre el gobierno y los medios periodísticos está representada por el decreto del gobernador Weretilneck tendiente a reglamentar la distribución y adjudicación de la publicidad oficial, una materia pendiente que ahora aparece como encausada a solucionarse.
El decreto dispone la creación de un registro provisorio de medios que funcionará hasta la reglamentación definitiva de la Ley Nº 4391/08, y que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación.
Aquí no puede olvidarse que durante la gestión del gobernador Pablo Verani, se creó el primer registro de medios allá por 1998, y se defendió la multiplicidad de voces interponiendo un recurso ante la Suprema Corte de Justicias de la Nación, para defender y proteger el funcionamiento de las radios comunitarias.
Como sucede con otras normas similares que ya están en vigencia en distintas provincias, la Secretaría General de la Gobernación deberá convocar a los sectores involucrados para generar un ámbito de discusión y elaborar la reglamentación.
También se puntualiza que hasta la entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley Nº 4391/08, la pauta de inversión mínima mensual que se adjudicará a cada medio se fijará de conformidad a diferentes clases y categorías.
Si bien los elementos para formular un juicio definitivo no son suficientes todavía –no hubo posibilidad de efectuar consultas ni requerir aclaraciones- se pueden apreciar algunos datos que surgen prima facie del decreto.
Con respecto a las planillas donde se refleja el trabajo de categorización de los medios, se desconocen cuales fueron los parámetros utilizados. En los casos más conocidos algunas categorizaciones se ajustan a la realidad, y en otros se aproximan, pero otras aparecen como forzadas, habiendo medios que ocupan muy indebidamente posiciones que ni remotamente les corresponde en detrimento de otros de mucho mayor mérito.
En cuanto a la cifra o valores mínimos se observa allí un criterio rígido que parte de un análisis eficientista que parece descartar la necesidad de apoyar a determinados medios, mas allá de su alcance o cobertura de llegada. Especialmente en los casos, en que la propia realidad lugareña, regional o provincial, reconozca situaciones de preeminencia o presencias dominantes de alguno o algunos medios sobre otros, para atenuar esas realidades y coadyuvar a una situación de mayores equilibrios.
Esto último para potenciar la pluralidad de voces alternativas que es, en definitiva, lo que la sociedad requiere como una manera de democratizar la información y es a lo que apunta la nueva ley de medios audiovisuales, precisamente cuestionada por los grandes medios monopólicos.
Es de esperar que no todos estos encasillamientos sean definitivos y, de la confrontación de ideas y opiniones –en los foros de discusión que convocarán las autoridades provinciales-, se pueda reglamentar un instrumento legal que constituya un verdadero paso adelante en la relación entre las expresiones periodísticas y el gobierno.
Debe reconocerse la actitud oficial de adoptar la decisión de ordenar y racionalizar la distribución de la publicidad oficial –un tema de por sí polémico- porque significa transitar por el sensible y controvertido universo de los intereses de las empresas.
En este aspecto resulta útil subrayar que, cuánto mas disminuya la discrecionalidad oficial y vaya primando sobre ella parámetros y criterios técnicos para la adjudicación de la pauta oficial, más cerca se estará de la consolidación de un sistema de medios públicos y privados, que facilite el ejercicio de la libre expresión y la multiplicidad de voces que la comunidad reclama.

¿QUE PASA CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA?
Entre estos tópicos tendientes a profundizar la democratización de la sociedad rionegrina, también se impone la necesidad de revisar y actualizar la normativa existente sobre el acceso irrestricto a la información pública, derecho garantizado por la Constitución de Río Negro, en distintas partes de su articulado.
Hay que recordar que Río Negro fue una de las primeras provincias argentinas en poner en vigencia normas sobre el libre acceso a la información pública, con toda la significación que tiene este logro para la ciudadanía en general y para los medios de prensa en particular.
Sucede que la propia ley de 1984 y sus sucesivas reglamentaciones han resultado incompletas en el tiempo, ofreciendo imprecisiones y vacíos legales tales como los referidos a la carencia de plazos precisos para ejercer en tiempo y forma el derecho y obtener la información requerida.
También falta definir que se debe entender por “fuentes legalmente declaradas secretas o reservadas”, que quedan exceptuadas del acceso a la información, como prescribe el artículo 6º de la ley, y tampoco se enumeran en su reglamentación.
También hay quienes cuestionan el alcance de la Ley N º 1829 y su modificatoria Nº 3441,y se pretende que el libre acceso a la información pública no sólo se refiera a los tres poderes del estado, sino que alcance a las empresas privadas que explotan un servicio público o tienen concesiones. En este sentido los ex legisladores Fabián Gatti acompañado por sus pares José Luís Di Giacomo y Beatriz Manso presentaron un proyecto de ley para adecuar la normativa vigente a los más altos estándares internacionales en la materia.
Mas cerca en el tiempo la ex legisladora provincial y actual diputada de la nación, Silvina García Larraburu, presentó un proyecto de ley tendiente a mejorar la legislación existente referida al libre acceso a la información pública. Propuso “una exhaustiva regulación de la temática y herramientas superadoras de las ya existentes”, refiriéndose concretamente a las Leyes Nº 1829 y Nº 3441, respectivamente.
Larraburu planteó la derogación de ambas normas “rediseñando su temática”, y apuntando a una completa reglamentación, tomando como principio general “que toda persona física o jurídica puede acceder a la información pública sin ningun tipo de restricciones”.
Lo expuesto constituye un verdadero desafío para los actuales legisladores de todas las bancadas parlamentarias, para darle correcta solución de fondo a este problema pendiente, o para que el poder ejecutivo promueva su adecuada reglamentación, como lo está haciendo ahora con la ley de distribución de la publicidad oficial.
La experiencia periodística en general, puede exhibir infinitos ejemplos de la reiterada renuencia que exhiben funcionarios del primer nivel en ministerios y otros organismo oficiales, a suministrar información a los medios de difusión con los argumentos mas pueriles e inconsistentes, dificultando la tarea de la prensa que quiere abordar con seriedad datos y cifras, sobre distintos aspectos de la problemática provincial.
Si quienes militan activamente en la práctica del periodismo se ven muchas veces impedidos de acceder a la información, es de imaginarse el grado de impotencia al que se ve sometido el ciudadano rionegrino cuando debe requerir información al estado.
Muy bien se ha dicho y vale la pena recordarlo “…la información pública es aquella que generan los ciudadanos, por lo que son ellos los verdaderos dueños de esa información”

Fuente: APP Noticias

URL NOTA: http://www.lariojamunicipal.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=14770