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Como explicó LPO, hasta ayer la sesión de la Cámara de Diputados estaba en duda porque Julián Domínguez tenía la misión de evitar reprimendas contra el vicepresidente. 

Lejos de complacerlo, la oposición exigía una moción de preferencia para pedir que se reúna la comisión de juicio político y debata los seis proyectos que reclaman levar al banquillo a Boudou. 

Pero esta mañana llegó la contraorden y Julián Domínguez y Juliana Di Tullio lideraron la reunión de labor parlamentaria con la misión de dejar que la oposición se saque las ganas de atacar al vice, antes que cargar con el peso de tener el recinto cerrado hasta agosto. Es que el próximo miércoles es 9 de julio y luego vienen las vacaciones de invierno.

El acuerdo al que arribaron es que la oposición tenga media hora para exigir que Boudou vaya a juicio político, para luego pasar a analizar los proyectos en discusión. Como era de esperar, el problema para la oposición llegó a la hora de repartirse ese limitado tiempo al que piensan sacarle el mayor rédito político posible. 

El siempre ambiguo Claudio Lozano, de Unidad Popular, explicó que el pretendía presentar su propia moción sobre este tema porque está interesado en recordar que Mauricio Macri también está procesado. Una estrategia de emparejar hacia abajo que curiosamente coincide con la esbozada ayer por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

La izquierda por su parte, poco sensible a la indignación opositora con Boudou, está más interesada en seguir repudiando las suspensiones en las fábricas. 

“Van a tener sólo media hora”, les aclararon desde el kirchnerismo, que deberá elegir un encargado de defender a Boudou. No será una tarea fácil: El sábado, cuando se conoció su procesamiento, ningún diputado del bloque lo defendió públicamente y sólo se escuchó la voz aislada del diputado bonaerense Fernando "Chino" Navarro del Movimiento Evita. 

Mañana a las 11 se volverá a realizar la reunión de labor parlamentaria, pero la idea de todos es sesionar, con temas poco conflictivos como los subsidios a familiares de víctimas de la explosión de Río Tercero y, aún a definir, el traslado del monumento a Colón, entre otros. 

En el Senado la oposición también podrá hablar de Boudou sin tenerlo presente: Como adelantó LPO, deprimido por su procesamiento, el vice postergó su retorno de Panamá y no quiere aparecer hasta agosto. 

Ante la mirada del presidente provisional, Gerardo Zamora, la UCR y el FAP tendrá su chance de exigir que el titular de la casa se tome licencia. Miguel Pichetto deberá decidir si lo defiende o si le da la misión a Marcelo Fuentes o Aníbal Fernández, como hace con algunos temas que lo incomodan. 

En la Cámara alta sí el temario es impostergable para la Casa Rosada: Se sancionará la ley que define la responsabilidad del Estado por fuera del Código Civil, incluye la sanción a los autoacuartelamientos policiales, pendiente desde diciembre; y la inmunidad a Bancos Centrales extranjeros, una reacción de Cristina a sus problemas con los fondos buitres, que consiste en impedir que un juez argentino actúe como Thomas Griesa, a excepción que en el país que pueda complicar Argentina haya corrido riesgo de embargo.

 

Fuente: La Politica On Line (Caba)