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La presidenta del Concejo Deliberante de la Capital, Jimena Herrera, emitió ayer una resolución por la que eleva a Fiscalía Municipal las irregularidades detectadas por las designaciones de 9 ex funcionarios del FCS que pasaron a planta permanente en el Concejo Deliberante de la Capital. La medida fue consensuada con el fiscal Julio Segura, ya que se pretende que el funcionario inicie la denuncia en la Justicia en representación del Concejo Deliberante.

"La medida que ha tomado la presidenta del Concejo es elevar el expediente a Fiscalía Municipal, porque entiende que Fiscalía actuará como representante del municipio, para así hacer la denuncia correspondiente en el juzgado correspondiente y seguir las actuaciones desde Fiscalía Municipal en representación del municipio", explicó ayer el secretario administrativo, Alejandro Guerra, en declaraciones a Radio Ancasti.

Esta vez la decisión fue acordada con el fiscal del Estado municipal y es la segunda estrategia de Herrera, que apunta a evitar una decisión de tipo administrativa relacionada con la baja de los empleados. "Se ha convenido con el fiscal y se ha llegado a un acuerdo, en función de antecedentes, que tiene que ser el representante del Estado municipal. Él ya tiene conocimiento de que el expediente fue elevado", explicó Guerra. Según su análisis, el asesor jurídico del Concejo Deliberante no tendría competencia para actuar en representación de los intereses del Estado.

En la resolución que firmó ayer la presidenta del cuerpo se deja en claro que se detectaron irregularidades en los nombramientos y se advierte que los empleados cuestionados están todavía en el período de prueba, que es de seis meses. De esta manera, se evita que, por el paso del tiempo, los nombramientos queden firmes.

Hace algunas semanas, Herrera iba a firmar un decreto por el cual se declaraba que la medida del ex presidente Simón Hernández (FCS) lesionaba los intereses de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y por tal razón el expediente debería pasar a la Fiscalía Municipal a los fines de que este organismo recurra a la vía judicial.

De esta forma, Herrera se desligaba del costo político que significaba dar de baja a nueve empleados y pasaba la discusión a la Justicia. No obstante, en esa oportunidad, el flamante fiscal municipal, Julio Córdoba, le comunicó a la presidenta del Concejo que el área a su cargo no iniciaría ningún proceso legal porque la baja de los empleados es una decisión político-administrativa del cuerpo.

 

LA POLÉMICA

 El proceso irregular de las designaciones comenzó en la gestión del ex presidente Simón Hernández. Fue a partir de la renuncia de 9 ex funcionarios a los cargos políticos que ocupaban. A fines del mayo del año pasado fueron nombrados en planta permanente. Y el proceso finalizó con designaciones en los mismos cargos políticos a los que habían renunciado. Todo en un trámite de pocas horas.

 La presidenta del cuerpo, Jimena Herrera, había evitado emitir una resolución administrativa.

 El viernes pasado, la Junta Capital del PJ emitió una solicitada en la que le pidió a Herrera una definición al considerar que los nombramientos habían sido "ilegales, ilegítimos e inmorales".

 

Fuente: El Ancasti