José Córdoba ya anunció que acudirá a los juzgados reclamando fondos provinciales de acuerdo a la Ley Arabel. Javier Belloni de El Calafate piensa hacer lo mismo. Serían denuncias individuales, pero que se piensan en el seno de un grupo de jefes comunales. La norma sancionada no puede ser aplicada porque aún no fue reglamentada por la provincia.
El Calafate.- El intendente de El Calafate analiza acudir a la Justicia para denunciar supuestos incumplimientos del Gobierno Provincial con la Municipalidad de esa ciudad.
Esta semana el intendente de Caleta Olivia José Córdoba adelantó que denunciará al Gobierno Provincial por incumplir con el envío de fondos de 74 millones de pesos. Cuando días atrás habló por una radio de El Calafate, el intendente confirmó: “voy a acudir a la Justicia para reclamar esto”.
Córdoba es uno de varios intendentes que analizan en estos días denunciar judicialmente el no envío de fondos a los municipios. El principal fundamento es que la llamada “ley Arabel” está en vigencia y aseguraba un piso de fondos que no se cumple.
El intendente de El Calafate podría seguir el mismo camino judicial. Sería parte de acciones individuales pero acordadas en grupo, ya que el tema es conversado todos los días entre los intendentes que más se enfrentan con el gobernador Daniel Peralta.
El intendente Javier Belloni ya envió una carta documento al ministro de Economía Ariel Ivovich, reclamando una deuda de 6 millones de pesos, por diferentes conceptos.
El ministro no aceptó el monto reclamado y contestó que se deben conciliar cifras. Belloni ordenó a sus funcionarios de Hacienda que se pongan en contacto con el Ministerio provincial para realizar esa comparación de números de las deudas. Horas atrás funcionarios del área le informaron al intendente que no tienen eco ante la provincia porque no se les atienden los teléfonos.
La situación podría generar una presentación por parte del Municipio ante la sede judicial de la ciudad. Javier Belloni aún no confirmó, pero funcionarios cercanos admitieron que en estas horas se analiza esa posibilidad, un análisis que incluso se realiza entre varios intendentes.
El tema fue también conversado entre algunos intendentes del interior provincial cuando el jueves se encontraron en la Casa de Río Turbio, en la capital provincial.
De la reunión, en la que también participó Javier Belloni, no se conocieron declaraciones oficiales sobre los pasos que seguirá cada intendente.
Por lo pronto, esta corresponsalía conoció que sería la semana entrante cuando se comience a definir la presentación judicial que podría realizar Belloni, y al mismo tiempo otros intendentes.
Plantear las “acreencias mutuas”
La ley conocida como Arabel, sancionada el 12 de abril y confirmada el 24 de mayo con el número 3.267, crea el “Régimen Especial para el Financiamiento de las Municipalidades y Comisiones de Fomento de Santa Cruz”, con el fin “de propender al equilibrio financiero de los Municipios”.
La ley aprobada consta de cuatro artículos (el quinto es de forma), y en el segundo, plantea que “Dicho régimen estará financiado por fondos provenientes de rentas generales del Presupuesto año 2012 y sucesivos, y para su cálculo se tomará como referencia el monto equivalente a lo transferido a los municipios en concepto de Adelanto de Coparticipación del Tesoro Provincial durante el año 2011 y sucesivos”.
La norma no fue reglamentada y al no contener en su letra un sistema de distribución de dichos fondos, sin la existencia del decreto reglamentario, su vigencia se vuelve abstracta. Esto fue reconocido por el diputado Silvio Suárez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y por el propio autor de la iniciativa, Jorge Arabel.
Los intendentes interpretaron que la norma debería ser de aplicación “automática” en el reparto de los fondos que venían recibiendo hasta octubre del año pasado, en concepto de adelantos de coparticipación, un día antes del pago de salarios, de tal forma de poder abonar en fecha similar a la que lo haga la provincia. Pero en rigor de verdad, eso tampoco está en el texto de la ley.
En su artículo 3º, la ley establece que “los créditos que posee la provincia a su favor y que son el resultado de los adelantos de coparticipación del Tesoro provincial que se efectuaron a los Municipios y Comisiones de Fomento serán considerados como acreencias mutuas”, de acuerdo a la ley 1.494 Dec. 3052/03. Por lo que así como los fondos derivados desde la sanción de la ley son una acreencia a favor de los municipios, desde la provincia pueden reclamar, además de esos adelantos realizados hasta la sanción, también la falta de aportes a las cajas de Previsión y Servicios Sociales, que siguen hasta hoy. A modo de ejemplo, mientras Córdoba anticipó que llevará a la Justicia al Gobierno Provincial por 78 millones de pesos, el propio intendente reconoció una deuda de 220 millones de pesos a las cajas al principio de su gestión.
Fuente: La Opinión Austral
URL NOTA: http://www.lariojamunicipal.com.ar/index.php?modulo=notas&accion=ver&id=20724