La Provincia reclama $700 millones por regalías energéticas, $100 millones para cubrir obras de viviendas abonadas por la Provincia.
También aseguran que se traban créditos por $200 millones para inversión en infraestructura aprobados por la Legislatura.
La relación institucional entre el Gobierno provincial y el nacional suma capítulos controversiales en el orden económico, con eje en acreencias reclamadas desde Corrientes a la Nación por conceptos adeudados que superan cómodamente los 800 millones de pesos. Sin embargo, a este reclamo se suma además la demora por parte de las oficinas nacionales en otorgar las autorizaciones para el financiamiento de obras productivas y viales ya habilitadas por la Legislatura provincial por un monto de 200 millones de dólares.
Funcionarios provinciales insisten en marcar que el Gobierno nacional sigue sin remitir a Corrientes más de 700 millones de pesos por las regalías de Yacyretá y los excedentes de Salto Grande adeudados; tampoco envió los 100 millones que la Provincia pagó para terminar viviendas y que debe reintegrar Nación para que INVICO vuelva a invertir. Además, 200 millones de dólares para obras viales y productivas, autorizadas hace dos años por la Legislatura local, esperan la habilitación de la Secretaría de Hacienda nacional.
Si bien las áreas provinciales competentes en cada caso realizan las gestiones para lograr el envío que los recursos, funcionarios nacionales de orden técnico aluden directamente a la instrucción política de no remitir estos recursos a Corrientes. Igual suerte corren los pedidos presentados con relación a programas nacionales, muchos de ellos no reintegrables, que permitirían bajar inversión adicional a la Provincia en las áreas social, sanitaria, educativa, vial o productiva.
Créditos frenados
Al mismo tiempo, ministros y subsecretarios peregrinan semana tras semana por las oficinas nacionales para lograr la autorización de financiamiento internacional.
En este sentido, si bien la Legislatura correntina sancionó en 2010 dos leyes por las cuales autorizó al Poder Ejecutivo local a gestionar hasta 200 millones de dólares para avanzar con obras viales y productivas, afirmaron desde la Provincia que la Secretaría de Hacienda de la Nación, a cargo de Juan Carlos Pezoa, aún no autoriza a la Provincia a tomar esos recursos y avanzar con los proyectos.
Cabe señalar que la autorización del Gobierno nacional es necesaria para que los fondos lleguen a la jurisdicción provincial.
En el primer caso, se acordó entre la Provincia de Corrientes y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) un financiamiento de 150 millones de dólares para proyectos ya aprobados en materia productiva. Pese a las gestiones hechas por el Ministerio de Producción local, los expedientes no consiguen el aval final.
Del mismo modo, Corrientes logró una ley que la autoriza a obtener 50 millones de dólares del Programa de Infraestructura Vial Federal instrumentado entre el Gobierno nacional y el Banco Mundial a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Si bien se comunicó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Corrientes que en breve se habilitarían 26 millones de dólares, hasta el momento no hay novedades. En ambos casos, se trata de programas instrumentados en el país a partir de convenios entre Nación y los organismos multilaterales de crédito.
Fuente: Diario Época
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